El Supremo amplía la suspensión del voto en el censo a residentes en España
La Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ampliado la suspensión del derecho al sufragio para las elecciones del 29N. La medida afecta ahora a los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática que residen en España, elevando el número de personas con su voto paralizado a más de 163.000 y generando alertas sobre la viabilidad logística de la orden.
La Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido ampliar el alcance de la suspensión del derecho al sufragio para las elecciones generales del 29 de noviembre. Esta resolución extiende la paralización del voto a los ciudadanos nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática que residen en territorio español, una medida que se suma a las ya vigentes para quienes viven en el extranjero y que ha sido adoptada sin motivación expresa en una providencia de trámite.
La decisión, notificada este viernes, llega a solo nueve días de la jornada electoral. En ese lapso, los electores empadronados en cualquier municipio español ya han recibido sus tarjetas censales y se encuentra activo el plazo para votar por correo. Fuentes de la Junta Electoral Central advierten que parte de las personas afectadas por esta nueva suspensión podrían haber ejercido ya su derecho al sufragio a través de las oficinas postales, lo que complica significativamente la ejecución de la orden judicial.
La providencia fue acordada a petición del partido Vox y mantiene la suspensión para más de 163.000 personas. Esta cifra representa un incremento de aproximadamente 50.000 individuos respecto al listado inicial de afectados, que la Oficina del Censo Electoral había depurado previamente hasta situarlo en algo más de 113.000 nombres. La Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), había trabajado inicialmente únicamente con los inscritos en los registros consulares, excluyendo a los residentes en territorio nacional.
La nueva medida introduce una discriminación entre los nacionalizados por la misma norma: mientras que aquellos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ya tenían su voto suspendido desde resoluciones del 10 de septiembre, ahora se iguala esta situación con quienes están empadronados en España. Esta ampliación ocurre a pesar de que la única magistrada discrepante no ha podido emitir un voto particular debido a la naturaleza de trámite de la providencia.
Desde la Junta Electoral Central se subraya la dificultad logística para ejecutar la orden. Los listados de electores de cada colegio electoral ya están impresos, lo que obligaría a localizar a los nuevos afectados y trasladar sus identidades a las mesas correspondientes para impedirles votar el día de la jornada. Asimismo, esas mismas mesas tendrían que comprobar al final del proceso si los votos por correo recibidos pertenecen a personas cuya validez está suspendida.
Las fuentes electorales señalan que es posible que personas con el voto suspendido terminen votando, lo que abre la puerta a una hipotética impugnación de los resultados. Solo Vox y el Partido Popular han extendido la narrativa sobre un supuesto pucherazo electoral en caso de que las formaciones consideren que los resultados no les favorecen.
La resolución ha causado sorpresa entre los demandados en la causa, quienes subrayan la ligereza con la que se suspende un derecho fundamental como el sufragio activo. Estos argumentan que la decisión debería haberse tomado mediante un auto motivado, dado que afecta derechos fundamentales, y que no se ha dado oportunidad a los nuevos afectados para personarse en el proceso y alegar lo que estimen conveniente.
La providencia establece un plazo de cinco días para que las partes presenten un recurso de reposición, lo que podría dar lugar a una nueva decisión del tribunal a escasas horas de la apertura de los colegios electorales. Esta situación se produce tras el rechazo por parte del Tribunal Constitucional de un recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, quien consideraba que la suspensión inicial discriminaba a los residentes en el extranjero al permitir votar a quienes obtuvieron la nacionalidad por la misma ley pero residían en España.
Aunque el voto de los hijos de descendientes de exiliados permanece permitido, la integridad del censo electoral se encuentra comprometida. La incertidumbre sobre si las papeletas enviadas por correo serán eliminadas del conteo deja a algunos electores sin garantía de que su participación sea válida.
P.Navarro--TFWP