The Fort Worth Press - La historia de los terraplenes que secaron más de 5000 hectáreas de humedal en las Islas Lechiguanas

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La historia de los terraplenes que secaron más de 5000 hectáreas de humedal en las Islas Lechiguanas
La historia de los terraplenes que secaron más de 5000 hectáreas de humedal en las Islas Lechiguanas

La historia de los terraplenes que secaron más de 5000 hectáreas de humedal en las Islas Lechiguanas

En las Islas Lechiguanas, un archipiélago en el delta del río Paraná, dos productores agropecuarios construyeron diques para drenar más de 5000 hectáreas de humedal y destinarlas a la agricultura intensiva. Esta intervención alteró el ciclo natural de inundaciones, provocó incendios, desplazó a pobladores locales y generó un largo litigio judicial que aún define el futuro del ecosistema.

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En las Islas Lechiguanas, un archipiélago de 250.000 hectáreas ubicado en el límite natural entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, la dinámica histórica de inundación y sequía del delta del río Paraná ha sido alterada radicalmente por la construcción de infraestructuras agrícolas ilegales. Dos productores agropecuarios, Juan Pedro Nazar y Fabio Di Fonzo, iniciaron en 2013 un proyecto para cercar y drenar más de 5000 hectáreas de humedal, transformando un ecosistema sensible en campos de cultivo intensivo mediante la construcción de terraplenes y el uso de bombas de gran capacidad. Esta intervención ha generado un complejo litigio judicial, daños ambientales documentados y un profundo impacto social en las comunidades que dependen del ciclo natural del agua.

La historia de la transformación de las Lechiguanas no es reciente. Registros históricos, incluyendo un video de 1971, muestran intentos previos de empresas de capitales estadounidenses por construir terraplenes durante una dictadura militar, proyecto que fue abandonado en 1973 tras recibir fuertes cuestionamientos públicos y políticos con el retorno temporal de la democracia. Sin embargo, hacia 2013, los empresarios Juan Pedro Nazar y Fabio Di Fonzo retomaron esta lógica frente a la costa de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Levantaron dos perímetros cerrados conocidos como endicamientos o pólderes: uno de 4500 hectáreas y otro de 800 hectáreas.

Javier Velázquez, un residente de 51 años nacido en las islas, describe el proceso con detalle. "Al principio veíamos que cruzaban máquinas, pero no sabíamos para qué. Con el tiempo empezamos a entender qué estaba pasando y la situación se fue volviendo chocante de a poquito", relata mientras navega por el arroyo Saca Calzones, que bordea el terraplén más grande, propiedad de Di Fonzo. Velázquez, cuya familia vivió en la isla hasta su infancia antes de mudarse a Ramallo, explica que la construcción implicó no solo levantar muros de tierra, sino también drenar el agua interna. "Ponían unas bombas enormes que chupaban el agua y la tiraban en unas canaletas que atravesaban el terraplén para expulsarla al río. Era horrible. Junto con el agua salían pedazos de plantas y peces triturados", recuerda.

Aunque las Islas Lechiguanas no son un área natural protegida formal, cualquier intervención en humedales requiere autorización provincial o municipal, incluso en tierras privadas. Un informe del Consejo Regulador de Fuentes de Agua (Corufa) de Entre Ríos reveló que Di Fonzo solicitó un permiso en septiembre de 2017, más de tres años después de iniciadas las obras. En dicho documento, el empresario declaró que el objetivo era la "producción ganadera y agricultura sustentable", una afirmación que contrasta con la evidencia posterior de grandes extensiones dedicadas a cultivos intensivos. Corufa confirmó que, si bien se emitió una autorización provisoria en 2020 (expediente 997/2020), el trámite nunca se completó con un permiso definitivo y el estudio de impacto ambiental faltaba en el expediente administrativo. La conclusión técnica fue clara: las actividades eran ilegales.

La intervención del ecosistema tuvo consecuencias inmediatas y graves. Tras la sequía de 2019, las islas sufrieron grandes incendios que comenzaron en febrero de 2020 y se extendieron durante todo el año. Un informe del entonces Ministerio de Ambiente determinó que se quemaron 487.000 hectáreas en total, de las cuales más de 113.000 correspondían a las Islas Lechiguanas. La mayoría de los fuegos tuvieron su origen en la quema de pastizales para limpieza de tierras productivas. Este hecho llevó al Estado Nacional a presentar denuncias penales contra los dueños de los campos, incluyendo a Di Fonzo y Nazar. Aunque tienen una causa abierta por este motivo, el fiscal no avanzó en la investigación y solicitó su archivamiento.

Nicolás Cerretani, ex presidente de la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA), creada en Ramallo en 2012, describe el impacto humano de los incendios: "Fueron meses de ver el fuego y sentir ese ardor en los ojos y la garganta por el humo que genera un gran malestar y que afecta mucho a quienes sufren problemas respiratorios". Durante ese período, la región vivió una ola de protestas sociales. En agosto de 2020, más de 5.000 personas bloquearon el puente Rosario-Victoria para reclamar una ley de protección de humedales con un inventario nacional y restricciones a actividades productivas e inmobiliarias, normativa que nunca fue sancionada.

La evidencia científica y visual llegó en septiembre de 2020, durante el apogeo de los incendios. La bióloga Natalia Morandeira, quien investiga la vegetación de las Lechiguanas desde 2009 mediante imágenes satelitales, recibió fotografías de un poblador local que mostraban maquinaria agrícola dentro del endicamiento de Di Fonzo. Simultáneamente, los residentes reportaban olor a agroquímicos. Morandeira difundió las imágenes y las envió a una Fiscalía, destacando que las imágenes satelitales confirmaban focos de incendio activos en el lugar entre el 5 y 6 de agosto. Este hallazgo permitió a la UPVA documentar sistemáticamente las actividades ilegales, incluyendo fotos de cursos de agua cortados, barcazas transportando barriles de agroquímicos y filmaciones con drones de fumigaciones.

Con esta evidencia, la asociación presentó una "acción preventiva de daño ambiental" (expediente 4602/2020). El 1 de diciembre de 2020, el Juzgado Federal de Paraná emitió una medida cautelar que prohibía la quema, la construcción o mantenimiento de terraplenes y el uso de agroquímicos en las Lechiguanas, además de ordenar el retiro de maquinaria. Sin embargo, los empresarios incumplieron la orden. Un peritaje judicial de noviembre de 2021 confirmó la presencia de maíz recién cosechado en silobolsas, lo que implicaba el ingreso ilegal de maquinaria. En marzo de 2023, obtuvieron autorización de otro juez para vender los granos almacenados, generando nuevas denuncias, aunque esta fue la última venta registrada.

Actualmente, los terraplenes presentan roturas por erosión del río. Al no poder ingresar máquinas para repararlos debido a la medida cautelar, hay sectores inundados. Cerretani sostiene que los empresarios dejaron de sembrar debido a la presión judicial y social, el deterioro físico del terraplén y la pérdida de cultivos en dos ocasiones. La bióloga Natalia Morandeira compara las imágenes actuales con las de 2009: "Todo lo que antes era una gran diversidad de praderas herbáceas como capaizales, verdonagales o juncales pasó a ser pastizales secos y, donde el terraplén se rompió, áreas inundadas sin vegetación".

El impacto en la vida de los pobladores es tangible. Juan Carlos Rodríguez, un hombre de 76 años que nació y vivió toda su vida en las islas, describe una realidad de incertidumbre permanente. En junio de 2026, la Justicia ordenó una inspección ocular con la participación de Corufa, la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y la Dirección General de Hidráulica de Entre Ríos. Todos los informes técnicos coinciden en que el humedal es un ecosistema que se inunda y seca naturalmente, y que cualquier intervención que controle este "pulso hidrológico" genera impacto. Los organismos señalaron infracciones por quema sin autorización en 2013, la ausencia de tuberías para el paso libre del agua, la interrupción de la conectividad entre el río Paraná, el arroyo Lechiguanas y la planicie interior, y la alteración de la flora y fauna que generó una "pérdida de identidad del humedal".

Rodríguez, quien trabaja como puestero y se instaló cerca del arroyo Saca Calzones hace nueve años, narra cómo la sequedad de las lagunas eliminó los peces, perdiendo muchas personas su medio de vida. "En esta parte de la isla deben quedar unas 15 o 20 familias nomás. Antes la gente se manejaba libre, cazaba y pescaba, pero al secar las lagunas no hay más peces, así que muchas personas perdieron su medio de vida y se fueron", explica. A pesar de no tener problemas personales con los empresarios, recuerda que durante las fumigaciones le murieron todas sus abejas.

El futuro del ecosistema depende de una sentencia pendiente en el Juzgado Federal de Victoria, que absorbió varias causas del de Paraná en 2022. Se espera que la decisión defina la magnitud del daño, los procedimientos de remediación y quién financiará los costos. Fuentes provinciales indicaron que no realizarán acciones hasta ese fallo. Pablo Aceñolaza, director de Áreas Protegidas de Entre Ríos, afirmó que el gobierno provincial no debería autorizar obras que impidan la circulación libre del agua en humedales, subrayando la necesidad de educar a los sectores productivos.

El caso tiene implicaciones regionales. Según el informe 2025 de Wetlands International, los endicamientos en el delta del Paraná aumentan sostenidamente desde el año 2000. Hacia 2024, el 14,04 % de la superficie del delta se encontraba endicada, un crecimiento del 4,9 % respecto a 2018. La investigadora Maira Patricia Gayol vincula este incremento con la expansión de la frontera agrícola iniciada en los años 90, basada en cultivos genéticamente modificados resistentes a agroquímicos. En un contexto de fenómenos climáticos como El Niño, que trae lluvias intensas, los humedales actúan como amortiguadores de crecientes. Los endicamientos reducen esta función "esponja", aumentando el riesgo de inundaciones.

Mientras se espera la resolución judicial, la realidad cotidiana en las islas sigue marcada por la vulnerabilidad. En octubre, con el río Iguazú superando los 29 metros y más de 150 personas evacuadas río arriba, Juan Carlos Rodríguez preparaba su rancho para una nueva crecida. "Ya nos llevamos el freezer, ahora estamos cargando los paneles solares y vamos a levantar las colmenas [de abejas]. En un rato nos vamos y volveremos después de que pase la crecida", dice. Sin embargo, la proximidad al terraplén de Di Fonzo le genera una preocupación específica: "En lugar de fluir por el humedal, el agua encontrará una muralla y probablemente se amontone en los alrededores, donde está mi rancho". Ante la incertidumbre, Cerretani observa con ironía esperanzada: "Quizás sea el agua la que destruya los terraplenes".

J.Barnes--TFWP