The Fort Worth Press - La Policía Local de Gasteiz desplegará siete pistolas táser tras una inversión de más de 81.000 euros

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La Policía Local de Gasteiz desplegará siete pistolas táser tras una inversión de más de 81.000 euros
La Policía Local de Gasteiz desplegará siete pistolas táser tras una inversión de más de 81.000 euros

La Policía Local de Gasteiz desplegará siete pistolas táser tras una inversión de más de 81.000 euros

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz incorporará siete pistolas táser a su equipamiento operativo en las calles antes de finales de 2026 o principios de 2027. Esta decisión, confirmada por el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, pone fin a un periodo de almacenamiento y responde a la presión sindical, a pesar de las advertencias sobre los riesgos letales de estos dispositivos.

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La Policía Local de Vitoria-Gasteiz está preparada para incorporar siete pistolas táser a su dotación operativa en las calles. El concejal de Seguridad Ciudadana, César Fernández de Landa (PNV), confirmó que los dispositivos, adquiridos por el Consistorio mediante una inversión total de 81.659 euros, comenzarán a utilizarse de manera «casi inmediata». El despliegue completo se prevé antes de que finalice 2026 o a principios de 2027, marcando el cierre de un proceso de adquisición fraccionada iniciado hace dos años.

Hasta la fecha, los siete dispositivos permanecían almacenados en la comisaría de Aguirrelanda. El edil jeltzale explicó que el protocolo de actuación fue cerrado en julio y que, durante los últimos meses, se ha completado tanto la instrucción de los «operadores» como la instalación del «ecosistema técnico» asociado, que incluye cámaras corporales y sistemas de registro de datos. Esta activación responde a meses de presión por parte de los sindicatos policiales ErNE y CCOO, quienes habían criticado el retraso en la formación y argumentaban un supuesto repunte de delitos con armas blancas como justificación para la necesidad de estas herramientas.

La adquisición de las armas no se realizó de forma única, sino que se extendió a lo largo de dos años bajo el argumento de las «limitaciones presupuestarias». El desembolso comenzó en 2024, cuando el área de Seguridad, entonces dirigida por Iñaki Gurtubai (PNV), destinó 32.705 euros a la compra de los dos primeros dispositivos junto con sus cámaras de grabación correspondientes. En noviembre del año pasado, el Consistorio licitó un segundo lote de dos unidades por valor de 17.958 euros. Finalmente, este verano se cerró la adquisición de las tres últimas unidades por 30.994 euros, completando así la partida actual.

Con esta medida, Vitoria-Gasteiz se suma a una tendencia de rearme en las policías municipales del País Vasco. Además de la Ertzaintza, cuerpos locales de al menos otros seis municipios —Bilbao, Barakaldo, Basauri, Durango, Sestao y Trapagaran— ya operan con estos dispositivos en sus patrullas rutinarias.

Desde el departamento de Seguridad y el entorno policial se insiste en caracterizar estos aparatos, capaces de lanzar descargas de hasta 50.000 voltios para provocar una contracción muscular involuntaria, como herramientas meramente disuasorias y «no letales». Para sustentar esta afirmación, las autoridades comparan su mecanismo con el de los electroestimuladores utilizados en rehabilitación médica.

Sin embargo, el historial reciente en Euskal Herria y las advertencias de organismos de derechos humanos cuestionan esa inocuidad. El uso de pistolas táser por parte de las fuerzas policiales ha estado vinculado a fallecimientos durante detenciones o bajo custodia. Uno de los precedentes más graves ocurrió en febrero de 2024 en Astigarraga (Guipúzcoa), donde un hombre murió tras una intervención de la Ertzaintza; la autopsia reveló quemaduras provocadas por las descargas del dispositivo. En verano también falleció Ander, un vecino de Santurtzi, tras sufrir una intervención con táser.

Organizaciones antirrepresivas y colectivos sociales denuncian que la dotación de estas armas a las policías locales no responde a una necesidad real de seguridad, sino a un proceso de militarización y endurecimiento del control social en el espacio público. Critican que dispositivos de alto riesgo se normalicen bajo la etiqueta técnica de «armas no letales», ignorando los riesgos documentados para la salud pública.

D.Johnson--TFWP