Los delitos de expresión mantienen abierto el debate político y penal en España
Los delitos de expresión mantienen abierto el debate político y penal en España
La permanencia de figuras penales vinculadas a injurias, ofensas religiosas o enaltecimiento alimenta una discusión sobre libertad de expresión y uso partidista del castigo.
La permanencia de figuras penales vinculadas a injurias, ofensas religiosas o enaltecimiento alimenta una discusión sobre libertad de expresión y uso partidista del castigo.
Un paso morado recorre el centro de Gijón. "Contra el fascismo, ella nos guía", puede leerse en el mismo. El mensaje se refiere a la imagen divina que media docena de personas alza en plena manifestación feminista. Se trata de la Santina Queer, una reinterpretación de la Virgen de Covadonga con gafas de sol cubierta por un manto que remata una tira arcoíris. La performance es similar a la del Coño Insumiso o la del Chumino Rebelde. Y también ha terminado en los tribunales.
Igual que, en los últimos años, la procesión de la Santa Baldana, la portada del belén satírico de la revista Mongolia, los chistes sobre el Valle de Cuelgamuros o los comentarios en redes sociales contra la Familia Real. La eliminación de los delitos de expresión es la eterna promesa incumplida, además de una asignatura pendiente a nivel internacional. El Consejo de Europa, sin ir más lejos, ha pedido en alguna ocasión que se impulse una reforma del Código Penal que garantice en nuestro país "la libertad de expresión y opinión".
Sobre todo, de las injurias a la Corona o la ofensa a los sentimientos religiosos, un tipo penal que los ultras no han dudado en utilizar para silenciar a activistas, artistas o humoristas. Dos delitos que en plena ola reaccionaria siguen muy vivos. Todos los intentos impulsados desde la izquierda parlamentaria para acabar con ellos han sido un fracaso absoluto. El último, el más avanzado de todos, descarriló con el adelanto electoral. El acuerdo alcanzado por los dos socios de Gobierno —PSOE y Sumar— era amplio. Tanto, que tocaba media docena de artículos del Código Penal.
Uno de ellos era el 525, que castiga con "multa de ocho a doce meses" a quienes "para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión" hagan públicamente —ya sea de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento— "escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias" o "vejen" a quienes "los profesan o practican".
Se trata del tipo penal con el que se persiguió, por ejemplo, el cortometraje satírico Cocinar a Cristo o a la cómica Laura Yustres, más conocida como Lalachus, por mostrar en televisión una estampa del Sagrado Corazón de Jesús con la cabeza de la vaquilla del Grand Prix. Lejos de lo que pueda parecer, es un delito que apenas provoca castigos. Así lo recoge Anna Raga i Vives, profesora de Derecho Penal en la Universitat de València, en "Los delitos contra los sentimientos religiosos desde la óptica del principio de igualdad".
Tras analizar las bases de datos jurídicas de Tirant Prime y el Consejo General del Poder Judicial, la jurista sólo ha encontrado una sentencia condenatoria firme: un joven de Jaén que aceptó pagar una multa de 480 euros por haber subido a Instagram un fotomontaje de un cristo con su cara.
La gran mayoría de casos acaba, por lo tanto, metido en un cajón. Como el del actor Willy Toledo, que fue enjuiciado por cagarse en dios en redes sociales. Para que haya delito es necesario un escarnio y, además, demostrar que el mismo se hace para ofender los sentimientos religiosos de un grupo. Eso explica que la mayoría de casos terminen archivados en cuanto el investigado diga al juez que no buscaba ofender a nadie, sino solo hacer una sátira que no puede recibir respuesta penal. El problema es que no debería llegarse ahí.
Antes de admitir una querella de este tipo, el juez debería hacer un juicio previo sobre el carácter delictivo de la conducta. Sin embargo, eso no suele ocurrir. Los juzgados tienden a aceptar las denuncias de forma automática. Esto permite que grupúsculos ultra como Abogados Cristianos y Hazte Oír las usen como escaparate propagandístico. Y, por supuesto, fomenta la autocensura.
Las injurias a la Corona y los límites de Estrasburgo A estos ocho años de Gobierno progresista han sobrevivido, del mismo modo, las injurias y calumnias a la Corona, a las Cortes Generales, a las Asambleas Legislativas o las ofensas o ultrajes a los símbolos nacionales. Se trata de tipos penales castigados con penas de prisión menores –de seis meses a dos años– o con multa. Y que la ultraderecha aspira a endurecer.
Por ejemplo, incrementando hasta veinticuatro meses la sanción por las ofensas o ultrajes a los símbolos nacionales, penando la exhibición de símbolos independentistas o castigando con prisión de uno a tres años a las autoridades o funcionarios que incumplan las obligaciones relativas al uso de la bandera o coloquen o exhiban emblemas o símbolos cuya significación "implique un atentado contra la integridad del territorio nacional".
Los procedimientos por este tipo de delitos se han reducido progresivamente. El año pasado la Fiscalía abrió solo cuatro diligencias de investigación por injurias y calumnias a la Corona, frente a las 26 de 2017. El motivo de esta disminución hay que buscarlo en los límites fijados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En una sentencia relativa a la quema de fotografías del monarca, el órgano dejó claro que una pena de prisión por una infracción cometida "en el marco del debate político" solo es compatible con la libertad de expresión cuando "incite al uso de la violencia" o constituya un "discurso de odio".
Desde entonces, la Fiscalía actúa con un criterio de intervención mínima, realizando con carácter previo un análisis para discernir si los hechos tienen encaje en ese marco de juego. No es el único varapalo de Estrasburgo por la utilización espuria de los delitos de expresión.
Hace no mucho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también sacaba los colores a nuestro país por la condena a multa del sindicalista Pablo Fragoso por llamar a "pegarle fuego a la puta bandera" en una manifestación de las empleadas de la limpieza en el Arsenal de Ferrol. "La libertad de expresión se aplica no sólo a la información o ideas que se reciben de forma favorable o se consideran inofensivas, sino también a aquellas que ofenden, escandalizan o molestan al Estado o a cualquier otro sector de la población", recogió el fallo de Estrasburgo.
Enaltecimiento del terrorismo usado de forma espuria Tampoco es ya lo que era el enaltecimiento del terrorismo, ese delito del que no existe equivalencia en los países de nuestro entorno —que castigan la apología, pero no el enaltecimiento— y que hace una década trajo de cabeza a cantantes, usuarios de redes sociales y hasta a dos titiriteros que en una obra sacaron una pequeña pancarta en la que podía leerse "Gora Alka-ETA".
Lo que se ha impuesto en la jurisprudencia es que para condenar por dicho delito debe existir un "riesgo real" de que la conducta bajo la lupa pueda derivar en la comisión de un acto terrorista. Eso no quita, no obstante, que este tipo penal se siga retorciendo desde la ultraderecha para intentar acallar distintos discursos. Un buen ejemplo de ello es la querella que Vox interpuso contra dos activistas propalestinas que habían participado en un acto en el Congreso de los Diputados. La formación liderada por Santiago Abascal, de hecho, ansía poder retocar también este tipo penal.
Buena prueba de ello es la enmienda a la totalidad que presentó cuando PSOE y Sumar impulsaron en la Cámara Baja la derogación de estos delitos.
En ella, la ultraderecha proponía añadir un nuevo punto al artículo 578 del Código Penal para castigar con mayor dureza —en concreto, de dos a tres años de cárcel— el enaltecimiento cometido por autoridad, funcionario o integrante de partidos o sindicatos o candidatos en las listas electorales.
Además, se podrá imponer a los partidos o sindicatos la pena de inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con entes por un plazo de quince años.
K.Ibarra--TFWP
