La crisis de Ceuta abre una semana de versiones enfrentadas en el Gobierno
La crisis de Ceuta abre una semana de versiones enfrentadas en el Gobierno
El Ejecutivo afronta discrepancias públicas sobre los avisos previos a la entrada de 80.000 migrantes, críticas por el silencio de Pedro Sánchez y nuevas preguntas sobre Marruecos y la respuesta institucional.
La entrada de unas 80.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio ha dejado al Gobierno español ante una sucesión de explicaciones contradictorias cuando se cumple un mes de la crisis. Durante la última semana, el Ejecutivo asumió el mando único y declaró la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma, mientras crecían las discrepancias sobre la información disponible antes de la llegada masiva.
Pedro Sánchez no ha realizado declaraciones públicas desde el 31 de julio. Tras pasar buena parte de agosto en La Mareta, en Lanzarote, apareció en imágenes distribuidas por la Moncloa durante dos reuniones telemáticas y presidió el martes el Consejo de Seguridad convocado el día anterior. Tiene previsto conceder una entrevista a la Cadena SER el lunes 31 de agosto a las 08.30 horas y comparecer el jueves ante el pleno del Congreso. La Junta de Portavoces adelantó esa comparecencia frente a la propuesta inicial del Gobierno de llevarla al pleno ordinario del 9 de septiembre.
La ausencia del presidente generó reproches de la oposición y de aliados parlamentarios. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, calificó de lamentable que Sánchez no rindiera cuentas hasta septiembre y reclamó que interrumpiera sus vacaciones. Verónica Martínez, portavoz de Sumar, dijo aceptar tanto el día 3 como el 9, aunque Alberto Ibáñez, diputado de Compromís adscrito a Sumar, sostuvo que el presidente debía haber comparecido antes. ERC describió como deficitario su papel durante la crisis.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, defendió que Sánchez trabajó y dio instrucciones todos los días de agosto. La disputa más visible, sin embargo, se produjo entre Defensa e Interior. Margarita Robles afirmó que funcionarios del CNI en Ceuta comunicaron el 29 de julio la convocatoria para entrar a nado al día siguiente, coincidiendo con el Día del Trono marroquí. Fernando Grande-Marlaska reiteró que no existió un aviso sobre una entrada de la magnitud finalmente registrada y declaró en el Congreso que nadie había previsto lo ocurrido el día 30.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, y Carlos Cuerpo, vicepresidente primero, respaldaron la versión del titular de Interior. Robles y Grande-Marlaska, ambos miembros del Gobierno desde 2018, ya habían mantenido diferencias en crisis como la pandemia y Filomena, así como por nombramientos en las fuerzas de seguridad, pero el intercambio público de desmentidos de esta semana elevó el conflicto.
También hubo mensajes distintos sobre una eventual visita de Felipe VI a Ceuta. La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, señaló que la Casa Real gestiona su agenda. Óscar Puente, ministro de Transportes, precisó que el Ejecutivo decide la agenda del monarca en asuntos de sensibilidad política y afirmó que la visita se realizará cuando se considere oportuno. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, había dicho que el rey se comprometió a viajar a la ciudad, una visita especialmente sensible por las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.
El Gobierno afirmó además que no dispone de pruebas de que Marruecos impulsara o dirigiera la entrada. Bolaños expresó esa posición el jueves y José Manuel Albares defendió el viernes un diálogo constante con Rabat. Bildu, Vox, Junts y el PNV cuestionaron ese enfoque; Mikel Legarda, del PNV, sostuvo que España debe combinar respeto hacia Marruecos con firmeza.
La explicación oficial sobre el origen de la movilización también ha cambiado. Sánchez señaló inicialmente a las mafias, mientras que esta semana el Ejecutivo puso el acento en la difusión en redes de una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo sobre una devolución en frontera. Albares habló de actores privados y políticos interesados en amplificar la polarización digital, al considerar que la crisis afecta tanto a las fronteras como al funcionamiento de las plataformas.
S.Rocha--TFWP
