Josué Gutiérrez critica la institucionalidad peruana mientras se cuestiona su rol como Defensor del Pueblo
Josué Gutiérrez critica la institucionalidad peruana mientras se cuestiona su rol como Defensor del Pueblo
Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo en Perú, enfrenta cuestionamientos por sus declaraciones públicas sobre escenarios políticos y por su gestión institucional. Mientras analiza la crisis del Estado, se le acusa de priorizar intereses políticos sobre la protección constitucional de los ciudadanos.
Josué Gutiérrez, Defensor del Pueblo de Perú, se ha convertido en el centro de un intenso debate público tras realizar declaraciones que han sido interpretadas como una especulación sobre la popularidad política de la presidenta Keiko Fujimori. El titular de esta institución constitucional ha afirmado que la aprobación de la mandataria aumentaría si ella decidiera disolver el Congreso, una postura que ha generado críticas por su supuesta incompatibilidad con los deberes de su cargo.
La Defensoría del Pueblo tiene como mandato fundamental proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y supervisar la actuación de la administración estatal con plena autonomía respecto a los poderes que la eligieron. Esta función lo convierte en la última línea institucional de amparo frente al abuso de poder. Sin embargo, las declaraciones de Gutiérrez han sido vistas por críticos como una señal clara de cómo entiende su misión, sugiriendo un alineamiento con intereses políticos específicos.
Gutiérrez fue designado para este cargo con el apoyo del fujimorismo y, desde el inicio de su gestión, ha mantenido una conducta que algunos observadores consideran consecuente con esa alianza. Durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023, bajo el gobierno de Dina Boluarte, la Policía nacional ultimó a más de 60 manifestantes en el sur del país. En ese contexto, Gutiérrez guardó silencio y no exigió investigaciones ni protegió a las familias de las víctimas, acciones que su cargo le mandaba realizar.
Además de su silencio ante estas violaciones, Gutiérrez respaldó públicamente la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de liberar a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Al respecto, se recuerda que el actual Defensor fue abogado de Cerrón antes de asumir su cargo actual. Aunque posteriormente precisó que no alentaría ninguna acción antidemocrática, los expertos señalan que invocar la disolución del Congreso como una estrategia para aumentar la popularidad política no es un análisis inocente viniendo del titular de una institución independiente.
A pesar de las críticas, Gutiérrez ha realizado un diagnóstico sobre el Estado que muchos consideran acertado. Ha afirmado que la institucionalidad está en crisis por donde se le mire. No obstante, la misión del cargo exige que, frente a este cuadro, la Defensoría presente informes, formule recomendaciones y presione con sus facultades a los distintos poderes para amparar al ciudadano con autonomía del gobierno de turno.
Lo que hace Gutiérrez en cambio es especular con escenarios que favorecerían a la mandataria que lo designó, mientras guarda silencio frente a las vulneraciones de derechos que su institución existe para denunciar. Para muchos sectores de la ciudadanía y la sociedad civil, Perú merece una Defensoría del Pueblo que proteja al ciudadano con independencia del régimen de turno. Desde que Gutiérrez asumió el cargo, esa autonomía nunca ha existido, y el patrón de conducta es consistente, lo que lleva a la ciudadanía a recordar nuevamente la necesidad de una institución verdaderamente independiente.
W.Lane--TFWP
