Trump cierra la puerta legal
En 2025 y 2026, el paisaje migratorio de Estados Unidos se transformó de forma radical. La segunda administración de Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de “ordenar” la frontera y combatir la inmigración irregular. Sin embargo, la batería de órdenes ejecutivas y proclamaciones que siguieron no solo endurecieron la entrada irregular, sino que afectaron de lleno a quienes querían emigrar de forma legal, desde estudiantes universitarios y trabajadores cualificados hasta refugiados y familiares de ciudadanos estadounidenses.
Una cascada de prohibiciones de viaje
Durante el primer semestre de 2025, la Casa Blanca reeditó las llamadas vetas migratorias. En junio se anunció una prohibición total de entrada para personas procedentes de doce países, entre ellos Afganistán, Birmania, Chad, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y una prohibición parcial para siete países como Burundi, Cuba y Venezuela. La medida impide la expedición de casi cualquier tipo de visado, incluso a familiares directos de ciudadanos estadounidenses. Apenas seis meses después, una nueva proclamación añadía ocho naciones más a la lista de vetas completas y quince países a las restricciones parciales. Para enero de 2026, casi 60 % de los países del mundo estaban sometidos a algún tipo de restricción de visados para Estados Unidos.
Los motivos oficiales de la Casa Blanca fueron la “seguridad nacional” y la supuesta falta de colaboración de los gobiernos afectados en la repatriación de deportados. Sin embargo, análisis independientes indican que los criterios eran arbitrarios. Países con bajas tasas de visados vencidos, como Sierra Leona o Laos, fueron vetados, mientras que otros con niveles más altos no aparecían en la lista. La ampliación de diciembre se justificó tras un tiroteo atribuido a un ciudadano afgano en Washington, pero Afganistán ya figuraba en la prohibición original. El resultado fue un caos: estudiantes con cartas de admisión, personal sanitario y académicos vieron canceladas sus citas en consulados y cientos de miles de familias quedaron separadas.
Visados más caros y sorteo restringido
Las prohibiciones de viaje se complementaron con cambios drásticos en el programa H‑1B. En septiembre de 2025, Trump firmó una proclamación que impuso una tarifa suplementaria de 100 000 dólares para cada petición de visado H‑1B presentada después del 21 de septiembre. Hasta entonces, el coste oscilaba entre 2 000 y 5 000 dólares por solicitud. Además, el sorteo al azar se eliminó para dar prioridad a los solicitantes con salarios más altos, dejando fuera a pequeñas empresas y start‑ups incapaces de afrontar el nuevo coste. A menos que la empresa demuestre que la contratación entra en el “interés nacional”, el trabajador no puede entrar al país.
La medida generó un aluvión de críticas. Empresas tecnológicas estadounidenses —algunas de las mayores patrocinadoras de visados H‑1B— advirtieron que la tasa era en realidad un impuesto al talento y que obligaría a trasladar puestos de trabajo a otros países. Abogados de inmigración señalaron que el gobierno pretendía utilizar el dinero para sufragar parte del muro fronterizo y que la regla excluía a la mayoría de los aspirantes de la India, que representan más del 70 % de los beneficiarios del H‑1B. Varios estados y la Cámara de Comercio demandaron al gobierno, aunque los tribunales federales avalaron la medida a finales de 2025.
Parálisis en las tarjetas de residencia
En enero de 2026 la administración anunció otra suspensión: un “pausa” en la expedición de tarjetas de residencia para nacionales de 75 países mientras se revisaban las políticas para evitar que los nuevos inmigrantes recurrieran a la asistencia social. La pausa dejó en el limbo a cientos de miles de personas que llevaban años esperando un número de visa disponible. La decisión fue impugnada por organizaciones de derechos civiles y ciudadanos estadounidenses patrocinadores de familiares, que denunciaron que el Ejecutivo pretendía redefinir la ley migratoria sin pasar por el Congreso.
En paralelo, se propuso una nueva versión de la regla de “carga pública” que otorga a los funcionarios consulares un amplio margen para denegar tarjetas de residencia a solicitantes que, a juicio de los agentes, podrían llegar a necesitar ayudas públicas. Los criterios incluyen la edad, el estado de salud e incluso la obesidad. Las organizaciones de defensa alertan de que estas normas discriminan a personas con discapacidades y a familias de bajos ingresos.
Estudiantes a la deriva y revocación de visados
No solo los trabajadores cualificados se vieron afectados. A principios de abril de 2025, el gobierno revocó repentinamente 1 800 visados de estudiantes F‑1 y J‑1, y poco después todos los consulados suspendieron las entrevistas para nuevos alumnos. Cuando se reanudaron, se introdujeron requisitos de revisión de redes sociales y se propuso limitar la estancia de los estudiantes a cuatro años. Estas medidas produjeron un descenso del 17 % en la matriculación internacional en otoño de 2025, la mayor caída en una década. Universidades y centros de investigación alertaron de pérdidas millonarias y de la fuga de talento hacia Canadá, Reino Unido y Australia.
El propio gobierno se jactó de haber revocado más de 100 000 visados durante el primer año del segundo mandato, un aumento del 150 % respecto a 2024. Entre los afectados había miles de estudiantes y trabajadores especializados. Las causas alegadas incluían delitos menores como conducir bajo los efectos del alcohol, pero organizaciones humanitarias señalaron que el procedimiento carecía de garantías y se basaba en criterios arbitrarios.
La “tarjeta dorada” y los refugiados olvidados
Mientras se multiplicaban las trabas para la inmigración ordinaria, la Casa Blanca lanzó la llamada “Gold Card” en septiembre de 2025. Este programa permite la residencia expedita a individuos que inviertan al menos un millón de dólares (o dos millones en el caso de empresas), más 15 000 dólares de tasas. El requisito es mucho más alto que el del tradicional visado EB‑5, y está diseñado para atraer a millonarios extranjeros. Los críticos denuncian que, al crearse por orden ejecutiva, la iniciativa elude al Congreso y privilegia la riqueza sobre el mérito.
El giro hacia la inmigración de élite contrastó con la política de refugiados. La administración suspendió el Programa de Admisión de Refugiados en 2025 y estableció un cupo máximo de 7 500 personas para el año fiscal 2026, el nivel más bajo desde 1980. Además, más de un millón de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal vieron canceladas o programadas las fechas de expiración de sus permisos. La prioridad se desplazó hacia un grupo concreto: Afrikaners y otras minorías blancas de Sudáfrica, a quienes se concedieron casi todas las plazas disponibles.
Consecuencias económicas y humanas
La combinación de vetas, tarifas prohibitivas y suspensiones ha generado una atmósfera de incertidumbre que ahuyenta a quienes antes consideraban a Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. Según un análisis del Real Instituto Elcano, la contracción sistemática de la inmigración legal está redefiniendo la composición demográfica de Estados Unidos y generando una clase creciente de personas sin documentos. Empresas tecnológicas han comenzado a trasladar operaciones a centros de investigación en la India, Europa y Canadá. Universidades reportan la pérdida de profesores y estudiantes internacionales, mientras que hospitales rurales se enfrentan a la escasez de personal médico debido a las vetas y la pausa en la emisión de visados.
En algunos sectores, como la agricultura, el gobierno ha suavizado requisitos, simplificando el proceso de visados H‑2A y reduciendo los salarios mínimos para trabajadores extranjeros. Esta excepción responde al temor de que la ausencia de mano de obra extranjera provoque escasez de alimentos. Sin embargo, sindicatos y organizaciones de trabajadores han demandado la medida al considerar que deprime los salarios y precariza aún más a los temporeros.
Un giro radical con efectos duraderos
Donald Trump llegó al poder prometiendo priorizar a los estadounidenses y proteger la frontera. Su retorno ha ido mucho más allá de reforzar el control migratorio: ha cerrado puertas que tradicionalmente se abrían para estudiantes, científicos, familiares de ciudadanos, refugiados y emprendedores. La pregunta que surge es si estas políticas están sirviendo al interés nacional o si representan un error de cálculo que dañará la competitividad y el liderazgo global de Estados Unidos.
La experiencia de estos dos años sugiere que muchos inmigrantes legales prefieren buscar oportunidades en otros países con normas más estables y procesos más predecibles. Mientras tanto, Estados Unidos corre el riesgo de perder talento, inversión y diversidad cultural. Si el objetivo era frenar la inmigración irregular, la evidencia demuestra que el impacto se ha hecho sentir con mayor intensidad sobre quienes cumplían las reglas.
