El consejo de administración del Sabadell rechaza la OPA del BBVA y recomienda no aceptarla / Foto: © AFP/Archivos
El consejo de administración del Sabadell rechaza la OPA del BBVA y recomienda no aceptarla
El consejo de administración del banco español Sabadell rechazó la oferta pública de adquisición hostil de su rival BBVA, al considerar que lo infravalora "muy significativamente", y recomendó a sus accionistas no aceptarla, informó la entidad este viernes.
Los directivos del Sabadell, cuarto banco de España, habían mostrado ya su desacuerdo con la OPA del BBVA anunciada hace casi un año y medio, al estimarla muy escasa, pero ahora el consejo de administración aprobó un informe crítico con la operación, que se abrió el pasado lunes y durará un mes.
"El precio de la oferta no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones de Banco Sabadell, infravalorando muy significativamente el proyecto" de la entidad, estimó el consejo en el informe divulgado este viernes.
La OPA "destruye valor para los accionistas de Banco Sabadell", ante lo que "el consejo por unanimidad rechaza la oferta y, en consecuencia, considera que la mejor opción para los accionistas (...) es no aceptar[la]", aseveró.
BBVA, segundo banco español con más de 78 millones de clientes en 25 países y una fuerte implantación en Latinoamérica, sobre todo en México, valora su oferta en alrededor de 15.000 millones de euros (unos 17.500 millones de dólares), según los índices actuales.
El Sabadell, que busca hacer descarrilar la OPA, vendió su filial británica TSB al Banco Santander por 3.100 millones de euros y prometió una remuneración récord para sus accionistas, gracias especialmente a esta cesión.
Fundado en 1881 en la localidad próxima a Barcelona que le da nombre, el Sabadell es propiedad de una multitud de inversores, pero ninguno de ellos posee más del 7% del grupo, lo que hace impredecible el resultado de la oferta hostil, que cierra el 7 de octubre.
De tener éxito, la operación daría lugar a un gran actor del sector, lo que ha generado reticencias en el Gobierno español de izquierda, quien teme que el movimiento pueda reducir la competencia en el sector.
Por ello, el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez impuso estrictas condiciones a la operación, como que ambas entidades deben funcionar independientemente durante al menos tres años.
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