The Fort Worth Press - La cólera de los propietarios ante las medidas para proteger a los inquilinos en España

La pareja a la que le alquilaba el apartamento de unos 50 m² en Cercedilla dejó en 2024 de un día para otro de pagarle el alquiler de 710 euros mensuales (unos 800 dólares), una situación que fue "devastadora a "nivel psicológico" y le produjo "un desgaste absolutamente terrorífico", cuenta a la AFP esta jubilada de 65 años.

"He tardado dos años casi exactos en conseguir una fecha para el desahucio", se lamenta.

La mujer, que se vio obligada a dejar su propia vivienda al no poder seguir pagando el alquiler, e irse a vivir con su hija, se queja de la sensación de abandono: "No hay ningún tipo de protección al propietario".

Ante la ola de de manifestaciones por el desalojo y fallecimiento pocos días después de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que había vivido casi toda su vida en el mismo apartamento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso la instauración de contratos de alquiler de duración indefinida y la prohibición de desahucios de personas vulnerables hasta 2030.

Al fracasar su paquete de medidas en el Congreso, el dirigente socialista adelantó las elecciones legislativas al 29 de noviembre.

- "Está todo parado" -

El resultado de la votación será observado de cerca por quienes se manifiestan por el acceso a la vivienda, pero también por los cerca de 30 millones de propietarios de bienes inmuebles inscritos en el catastro, muchos de los cuales reclaman más garantías jurídicas y denuncian una normativa cada vez más restrictiva.

En 2023, una ley ya había reforzado los derechos de los inquilinos y aumentado la intervención pública en el mercado del alquiler.

Pero varias disposiciones, como la regulación de los alquileres en zonas tensionadas, no se aplican en las regiones gobernadas por el Partido Popular (PP, derecha).

Y los precios han seguido disparándose ante una demanda creciente.

Antes de las elecciones, algunos propietarios ya estudian posibles planes de acción.

"A mí el punto de inflexión que me haría vender y salirme del sector inmobiliario en España sería la aprobación de los alquileres indefinidos", confiesa Javier Medina, que con 32 años posee once inmuebles que alquila y que le reportan unos 10.000 euros (11.200 dólares) al mes.

"No solo no me ayudan, sino que encima me perjudican con estas medidas", se queja este joven, quien clama por "reglas claras de juego y que no se vayan cambiando".

"Está todo parado, a ver qué ocurre" en las elecciones, dice Medina, quien vive de alquiler junto con su esposa y sus dos hijos. "A día de hoy, por la calle, no puedes decir que eres inversor inmobiliario porque está muy mal visto, está muy estigmatizado", agrega.

La exportavoz del Partido Socialista Montse Mínguez puede dar fe de ello: azote de los "fondos buitre" en el Parlamento, anunció su renuncia la semana pasada tras conocerse que su pareja es propietario, a través de una sociedad, de una treintena de viviendas.

- "¡Dejadnos en paz!" -

Temiendo ser identificada por sus inquilinos, María, de 38 años, prefiere no dar su apellido.

"Me enfada mucho (...) Ahora ya somos asesinos porque Maricarmen ha muerto", aseveró muy molesta esta mujer que afirma haber empezado "de cero" su negocio inmobiliario.

En 20 años, ha reunido un patrimonio de 30 propiedades en Cataluña.

"¡Yo no soy un fondo buitre!" se defiende María, quien considera injusto que la metan "en el mismo saco" que a los grandes fondos de inversión a los que el Ejecutivo quiere prohibir "especular" con la vivienda comprando masivamente bienes inmuebles.

"No voy a alquilar más, a medida de que se vayan quedando vacíos los pisos, voy a vender", amenaza.

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias ha alertado de que las operaciones de alquiler podrían caer "entre un 25 y un 30% en las próximas semanas", con el riesgo de que la oferta se reduzca aún más y los precios sigan disparándose.

"¡Dejadnos en paz!", reclama María.

H.M.Hernandez--TFWP