¿Qué le espera a Guatemala con la salida de la fiscal sancionada por EEUU? / Foto: © Oficina de la Fiscalía de Guatemala/AFP
¿Qué le espera a Guatemala con la salida de la fiscal sancionada por EEUU?
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por 40 países y considerada la mujer más poderosa del país, deja el cargo tras ocho años, lo que sin embargo no despeja la sombra de corrupción del sistema de justicia.
Porras, de 72 años, es acusada por Estados Unidos y la Unión Europea de corrupta y antidemocrática, debido a que intentó impedir la posesión del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo en 2024 y procesó a decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas.
Washington la señala de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Según sus adversarios, entre los favorecidos están los expresidentes derechistas Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, que la nombraron y no fueron investigados pese a señalamientos de corrupción.
Por ello la consideran parte del "pacto de corruptos", un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales en Guatemala.
Recientemente ligada a adopciones ilegales de niños indígenas, enfrenta ahora un futuro incierto.
Será reemplazada desde el domingo por Gabriel García Luna, designado por el presidente Arévalo.
El relevo despierta esperanzas, pero también escepticismo ante el profundo deterioro de la Justicia, que ha hecho tambalear la frágil democracia guatemalteca.
- Frenar la criminalización -
La mayor expectativa es que el nuevo fiscal detenga el uso del cargo para "perseguir voces críticas", opina la directora regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Ana María Méndez.
Deberían además ser enmendados los "errores e injusticias", asegura por su parte el exfiscal Juan Francisco Solórzano, sobre las personas encausadas por Porras, muchas en el exilio.
Para ello se requiere una "revisión independiente de los casos con patrones claros de persecución política o criminalización", apuntó Méndez.
Según Luis Miguel Reyes, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, el nuevo fiscal es "opuesto" a Porras y no mantendría el "nivel de tensión" de su antecesora.
- "Depuración" -
Designado tras varios escollos legales, García Luna heredará personal de confianza de Porras como el fiscal especial Rafael Curruchiche, también sancionado por Estados Unidos y el bloque europeo.
Debería despedir a varios fiscales que "ayudaron a Porras y a su gente en este proceso de destrucción" del organismo e "iniciar procesos en su contra", estima Reyes.
Esos funcionarios ocupan "puestos críticos" y tratarán de "seguir trabajando de la misma manera" que Porras, advirtió el exfiscal Solórzano.
Para la directora de WOLA, una "depuración" probaría que el nuevo fiscal "está dispuesto a desmontar las estructuras que fueron utilizadas de manera selectiva para proteger redes de corrupción".
- Contexto adverso -
Juristas internacionales consideran la salida de Porras clave para atacar la red de corrupción enquistada en la Justicia; para Arévalo, es el final de una "perversión".
Sin embargo, Reyes descarta que el relevo produzca cambios significativos.
Da "nuevos aires" porque era como tener "gente con una pistola apuntando a todos lados", pero el sistema judicial sigue con "un nivel de cooptación muy grande de parte del crimen organizado" y de "intereses políticos oscuros", sostuvo.
"Las estructuras de cooptación en Guatemala son más amplias", señaló Méndez.
El proceso para renovar este año el Poder Judicial dejó un sabor a derrota para Arévalo, elegido con la promesa de atacar la corrupción.
Analistas estiman que la Corte de Constitucionalidad -máximo tribunal- sigue controlada por magistrados cuestionados como el reelegido Roberto Molina Barreto, cuyos fallos han favorecido a reconocidos criminales.
"El balance en la Corte no es positivo a favor de la democracia", indicó Reyes.
- Sin blindaje -
Al fracasar en su empeño por reelegirse y llegar al máximo tribunal, Porras perderá su inmunidad y podrá ser investigada.
Ella asegura que sus actos se han apegado a la ley.
La más reciente acusación, formulada por expertos de la ONU, la vincula con adopciones ilegales de niños indígenas cuando administró un albergue estatal en 1982, durante la guerra civil guatemalteca. También lo niega.
A inicios de mayo fue condecorada por su par de El Salvador, Rodolfo Delgado, lo que alimentó especulaciones sobre una salida del país si su situación legal se complica.
"Hay algunos países en Centroamérica que se prestan para albergar criminales de todo tipo", señaló Reyes sobre esa posibilidad.
S.Jones--TFWP
